«El Samaritano, una fundacion dirigida por el Partor Orlando Burgos, lleva 24 años brindando asistencia y apoyo social en su comunidad».
En Nicaragua, la libertad religiosa se ha deteriorado significativamente bajo el régimen de Daniel Ortega, en medio de un contexto de creciente autoritarismo. Desde las protestas de 2018, las iglesias han experimentado presiones y restricciones debido a su papel activo en la defensa de los derechos humanos y su apoyo a los manifestantes, que ha sido interpretado por el gobierno como un desafío a su control. Estas medidas incluyen la vigilancia de misas, detenciones de líderes religiosos y el cierre de iglesias. La Iglesia Católica, en particular, ha sido blanco de acusaciones como «terrorismo» y «conspiración» por parte del gobierno. Algunos líderes religiosos, como el obispo Rolando Álvarez, han sido encarcelados con sentencias prolongadas tras denunciar la represión estatal.
Organizaciones religiosas como la Universidad Centroamericana (UCA) y varias congregaciones misioneras extranjeras también han sido afectadas, con clausuras, confiscaciones y revocaciones de sus permisos legales, lo cual refleja un intento del gobierno de minimizar el papel de estas instituciones en la sociedad civil. La opresión se ha intensificado durante celebraciones religiosas importantes, donde procesiones y misas en espacios públicos han sido prohibidas, en un intento de Ortega por limitar cualquier forma de reunión no autorizada.
Esta situación ilustra cómo el gobierno nicaragüense percibe las actividades religiosas independientes como una amenaza para su régimen, ya que la religión representa un refugio de esperanza y resistencia para muchos ciudadanos. Grupos de derechos humanos han documentado estas restricciones como parte de una campaña más amplia para cerrar el espacio cívico en el país. Según el Instituto para Religión y Democracia, el control sobre la Iglesia ha sido especialmente implacable, con prohibiciones a la celebración de eventos masivos y ataques frecuentes a clérigos, mientras que organizaciones de derechos humanos advierten que esta persecución religiosa ha escalado a niveles alarmantes en los últimos años.
Fuentes como el Consejo de Relaciones Exteriores y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales brindan análisis detallados sobre esta situación, destacando el papel histórico de la Iglesia en Nicaragua y la animosidad de Ortega hacia esta institución desde el período revolucionario en los 80s. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha documentado el impacto de estas políticas represivas en la sociedad civil nicaragüense, evidenciando la magnitud del problema.e de caña.
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